¿Quien Gobierna en Colombia?

Por Gustavo Bolívar Moreno

Colombia no sabe si está frente a un sistema de pesos y contrapesos… o frente a un muro de contención contra el voto popular.
Desde que Gustavo Petro llegó a la Presidencia con cerca de once millones, 300 mil votos, no ha gobernado solo contra la oposición política tradicional. Ha gobernado contra un entramado institucional que, en nombre de la “legalidad”, ha decidido convertirse en poder constituyente permanente. Y eso hay que decirlo sin miedo.
Porque aquí no estamos hablando de debates jurídicos aislados. Estamos hablando de un patrón. El Consejo de Estado suspendiendo decretos clave, la Corte Constitucional modulando, recortando o frenando, congelando o tumbando reformas estructurales, el Consejo Nacional Electoral abriendo investigaciones inconstitucionales al presidente que coinciden sospechosamente con coyunturas políticas y el Congreso de la República, entre lobbies, mermeladas recicladas y presiones de gremios, mutilando o archivando reformas sociales y negando dos leyes de financiamiento, necesarísimas para no recortar el gasto social.
¿Coincidencia? ¿O resistencia estructural?

No se trata de desconocer la separación de poderes. Esa es la base de cualquier democracia. El problema surge cuando el equilibrio se convierte en bloqueo sistemático; cuando el control se transforma en veto ideológico; cuando el formalismo jurídico termina siendo la coartada elegante para frenar cambios que tocan privilegios.

Veamos los hechos.
Reforma laboral: diseñada para recuperar derechos arrebatados durante décadas de flexibilización. Hundida en el Congreso tras una campaña feroz de gremios empresariales que anunciaban el apocalipsis económico. Los mismos que llevan años acumulando utilidades récord mientras millones sobreviven con contratos basura. Se aprobó porque el gobierno convocó al pueblo a las urnas para que el mismo pueblo decidiera su suerte en una consulta popular.

Reforma a la salud: presentada tres veces como un intento de corregir un sistema que convirtió la enfermedad en negocio. Recortada, descafeinada, paralizada. Entre debates eternos, recusaciones estratégicas y titulares alarmistas. El fondo del asunto es la intermediación financiera en poder de las EPS que, en virtud del bloqueo de la Reforma en el Congreso, seguirán recibiendo, sin auditoría alguna, más de 100 billones al año con tanta voracidad que no solo se roban una buena parte y se autofacturan otro pedazo de la torta, sino que se mecatean hasta las reservas técnicas. Pero el lobbie es tan grande y los sobornos tienen que ser tan poderosos, que no creo que una sola persona inteligente y sensata se atreva a defenderlas por convicción.

Reforma pensional: Es la única que pasó, aunque mutilada, pero lleva 10 meses en el congelador de la Corte Constitucional, como si la suerte de más de tres millones de viejitos en pobreza extrema, que dependen de la aprobación de esa reforma para asegurar tres platos de comida digna en su mesa, les importara un bledo. Cabe anotar que la hoy candidata del Centro Democrático es la autora de la demanda que tiene frenado desde el 1º de julio de 2025, la entrada en vigencia de la Pensional.

Los decretos de emergencia para la Guajira y para Catatumbo, o fueron derogados o mutilados por la Corte. El último que tiene que ver con el riesgo de desfinanciación del Estado por la negativa del Congreso a aprobar las leyes de financiamiento, también fue congelado mediante una medida cautelar.

Un verdadero camino minado el que le ha tocado trasegar al presidente Petro. No lo dejan avanzar, le meten zancadilla, lo tiran al piso y le ponen el pie en la cara cada que intenta tocar a los privilegiados de este país o a sus negocios con una rapidez y eficacia que aterran.

Uno podría aceptar que todo esto es parte normal del juego democrático si la vara fuera la misma para todos. Pero la memoria es corta cuando conviene. ¿Cuántas reformas regresivas del pasado fueron tramitadas sin este nivel de escrutinio feroz? ¿Cuántas decisiones que ampliaron desigualdades fueron consideradas “técnicas” y no “ideológicas”? ¿Cuántos decretos de gobiernos anteriores pasaron sin la lupa microscópica que hoy se aplica?

¿Por qué cuando el poder político tradicional gobierna, las instituciones actúan como árbitros, pero cuando gobierna un proyecto alternativo se convierten en diques?

La democracia no es solo procedimiento. Es también mandato popular. Y el mandato de 2022 fue claro: las mayorías votaron por un cambio. No un cambio retórico. No un maquillaje. Cambio en el modelo social, en la distribución de la riqueza, en la relación del Estado con los más vulnerables. Ese mandato no puede ser desconocido bajo el argumento de que “las formas” son sagradas mientras el fondo se vacía.

Nadie está diciendo que las cortes deban obedecer al presidente. Eso sería autoritarismo. Pero tampoco pueden comportarse como una tercera cámara política con poder de veto permanente. El Consejo de Estado no es una bancada, la Corte Constitucional no es un partido político, aunque lo parece, el CNE no puede convertirse en actor electoral. Y el Congreso, aunque tenga mayoría circunstancial en contra, no puede olvidar que representa a la ciudadanía, no a los gremios que financian campañas.

Hay un punto en el que la legalidad formal entra en tensión con la legitimidad democrática. Y Colombia está caminando sobre esa cuerda floja.

Porque cuando las reformas que buscan reducir desigualdad son sistemáticamente frenadas, el mensaje que se envía es peligroso: votar no cambia nada. Y ese es el combustible perfecto para la frustración social. No se puede pedir a la gente que crea en la democracia mientras las decisiones estructurales terminan en despachos judiciales o en comisiones donde el lobby pesa más que el voto.

Y cuidado: defender el mandato popular no es atacar la institucionalidad. Es exigir coherencia. Es recordar que el poder emana del pueblo, no de los escritorios.
La historia latinoamericana está llena de ejemplos donde las élites, incapaces de ganar en las urnas, trasladan la disputa al terreno judicial y mediático apelando a su poder económico para someter jueces y congresistas.

Y aquí viene lo incómodo: muchas de estas decisiones son celebradas por quienes nunca aceptaron el resultado electoral, los nostálgicos del poder y del erario. Esos que aplauden cada suspensión como si fuera un triunfo político. Celebran cada Reforma o cada Ley archivada como si fuera un triunfo ideológico. Esos que hacen campaña hablando del déficit fiscal pero que son los culpables de que no se pueda rebajar porque se oponen con ferocidad a que el gobierno se pueda financiar con los sectores más pudientes del país a través de reformas tributarias.

Pero cuando la opinión apoya al presidente como acaba de suceder con el salario mínimo vital, ante la suspensión del decreto que elevó el alza del salario mínimo en un 26,7%, quienes se opusieron a ese salario mínimo de dos millones de pesos que acortara brechas y le aumentara significativamente el poder adquisitivo a los trabajadores, ahora, como están en campaña, de la noche a la mañana y sin sonrojarse, se vuelven defensores de los trabajadores. Me parecen completos descarados, pero es válido que lo hagan porque demuestran que el presidente Petro no estaba equivocado.

Colombia necesita instituciones fuertes, sí. Pero también necesita instituciones que entiendan el momento histórico. Que comprendan que el país votó por reformas profundas porque el modelo anterior dejó cicatrices sociales evidentes.

No se puede gobernar con miedo a que cada decisión termine judicializada, no se puede legislar bajo la amenaza permanente de la suspensión, no se puede hacer política social con un pie en el estrado. Desde ya estamos temiendo que con toda la insensibilidad que los caracteriza los magistrados de la Corte Constitucional rechacen la emergencia económica para atender la emergencia invernal en Córdoba.

Aquí no se trata de idolatrar a un presidente. Se trata de respetar el principio básico de que quien gana con reglas claras debe poder gobernar dentro de la Constitución sin ser sometido a una obstrucción constante disfrazada de tecnicismo, que no se use el derecho como muralla ideológica.

El país está mirando. Y la ciudadanía ya no es ingenua. Sabe distinguir entre control legítimo y bloqueo político. Lo que está en juego no es solo el gobierno de Gustavo Petro. Es la confianza en que el voto sirve para algo. Es la credibilidad del sistema democrático.

Porque si cada intento de transformación es frenado por poderes que no fueron elegidos por voto popular, el mensaje implícito es devastador: el cambio está permitido… siempre que no cambie nada esencial.
Y ahí sí entramos en terreno peligroso. Colombia necesita debate fuerte, sí. Necesita controles, claro. Pero también necesita coherencia institucional. No se puede exigir respeto a las decisiones judiciales mientras se ignora y se irrespeta el mandato ciudadano que las precede.

La democracia no es solo equilibrio. Es también voluntad popular. Y cuando esa voluntad es sistemáticamente contenida, el país no se estabiliza. Se polariza más.

¿Estamos ante un ejercicio sano de control constitucional, o ante una resistencia estructural a un proyecto político que incomoda privilegios históricos?

Esa discusión no la resolverá una corte ni un titular. La resolverá la ciudadanía en las urnas el 8 de marzo eligiendo un Congreso con mayorías progresistas si quiere reformas y el 31 de mayo votando por Iván Cepeda para la presidencia si quiere la continuidad de las políticas sociales de Gustavo Petro.

Porque cuando el sistema bloquea el cambio que la gente votó, la democracia deja de ser esperanza y se convierte en trámite. Simboliza el miedo al cambio. Y también revela algo más profundo: el choque entre un proyecto político que busca redistribuir y un entramado institucional históricamente cómodo con la concentración.

Colombia no eligió continuidad en 2022. Eligió ruptura con un modelo que dejó desigualdad estructural. Y cada vez que una medida social es frenada, la sensación en la ciudadanía es clara: el sistema se protege a sí mismo. Hay que decirlo sin rodeos: la democracia no puede convertirse en un ritual donde se vota cada cuatro años pero el poder real permanece intacto.

Si el Ejecutivo no puede mejorar salarios, si no puede recaudar más a los más ricos para redistribuir mejor el ingreso en el segundo país más desigual de la Tierra, ¿entonces para qué sirve la presidencia?

¿Quién gobierna realmente?

La separación de poderes es esencial. Pero la separación no puede convertirse en asfixia. Control no es bloqueo sistemático, equilibrio de poderes no es veto permanente, legalidad no puede ser sinónimo de inmovilidad.

Porque el costo político y social de esta confrontación lo paga la gente, el trabajador que esperaba un salario digno, el campesino que espera tierra, el estudiante que pide matrícula cero, la madre cabeza de hogar que vive de programas sociales.

Mientras tanto, los grandes capitales siguen intactos. Los beneficios tributarios heredados siguen ahí. Los privilegios estructurales no han sido suspendidos provisionalmente.
Y eso, en un país tan desigual como Colombia, es una bomba de tiempo. 

Porque si gobernar se vuelve imposible, lo que fracasa no es un presidente.
Fracasa la democracia misma.

Gustavo Bolívar Moreno

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