LA CORRUPCIÓN NUBLA EL LEGADO DE PETRO

Los corruptos nublan el legado de Petro

Hay noticias que indignan. Otras, además, duelen.

Las denuncias que hoy rodean a las hermanas Guerrero indignan pero también duelen porque están nublando la obra de gobierno del presidente Petro, que es, la historia y los datos se encargarán de desmentirlo o confirmarlo, el mejor presidente que ha tenido Colombia.

Si las investigaciones terminan confirmando lo que hasta ahora revelan las pruebas conocidas, estaremos frente a un acto de corrupción que merece todo el reproche moral y toda la fuerza de la justicia. No solo por el monto, que es minúsculo frente a los grandes robos a la Nación como REFICAR, los OCAD-PAZ, AIS, Foncolpuertos, Odebrecht, DNE, Carrusel de la contratación, Saludcoop, Cajanal, UNGRD, Caprecom, las Zonas, Francas, entre miles más, sino porque se producen durante el gobierno que prometió luchar contra la corrupción. 

No hay espacio para excusas. No hay lugar para relativizar los hechos dependiendo del color político de quienes los protagonizan. La corrupción es corrupción, venga de donde venga y trátese de un millón o de un billón. 

Y precisamente porque hemos dedicado buena parte de nuestra vida pública a denunciarla, estos episodios nos golpean con mayor fuerza. Duelen porque contradicen aquello en lo que creemos. Duelen porque traicionan una esperanza que millones de colombianos depositaron en un proyecto de cambio. Duelen porque nadie esperaba que personas cercanas a ese proyecto terminaran señaladas de convertir el poder en un negocio.

Pero una sociedad madura debe ser capaz de sostener dos verdades al mismo tiempo.

La primera es que cualquier responsable debe responder ante la justicia, sin privilegios, sin blindajes y sin cálculos políticos. Si alguien utilizó la confianza del Gobierno para vender influencias, negociar contratos o enriquecerse, debe pagar por ello.

La segunda es que un acto de corrupción, por grave que sea, no puede borrar de un plumazo toda la obra de un gobierno.

Porque eso también sería una forma de manipulación.

En Colombia hemos caído demasiadas veces en la tentación de juzgar administraciones enteras por los delitos de algunos de sus integrantes. Como si los tres millones de adultos mayores que hoy reciben una renta básica dejaran de existir. Como si los 450 mil jóvenes que pudieron acceder a la educación superior gracias a la política de gratuidad desaparecieran de un día para otro. Como si los 100 mil soldados que hoy devengan seis veces lo que en otros gobiernos, desaparecieran. Como si la reforma laboral, el salario mínimo vital, la entrega de tierras a millones de campesinos, los avances ambientales, la salud preventiva o las políticas sociales jamás hubieran ocurrido.

Los hechos siguen siendo medibles y la historia dirá que este gobierno sacó a 5 millones de personas del hambre y la pobreza.

Y las buenas políticas no dejan de ser buenas porque un corrupto haya intentado aprovecharse del poder.

La corrupción, además, no es un flagelo exclusivo de un partido, de un gobierno ni de una ideología. Es un mal estructural que Colombia arrastra desde hace décadas. Ha contaminado gobiernos liberales, conservadores, uribistas, santistas, de izquierda, de centro y de derecha. Cambian los protagonistas; se repite el libreto. Cambian los discursos; permanecen las redes clientelistas, el tráfico de influencias y la captura del Estado por intereses particulares.

Precisamente por eso, quienes llegamos prometiendo combatir esa cultura tenemos una responsabilidad mayor.

No podemos medir con una vara a los corruptos de los adversarios y con otra a los de nuestra orilla.

Sería la peor traición posible.

La lucha contra la corrupción no consiste en afirmar que en nuestro lado nunca habrá corruptos. Eso sería una ingenuidad. Consiste en garantizar que, cuando aparezcan, no encuentren protección, silencio ni complicidad.

La diferencia no está en la inexistencia del delito. La diferencia está en la reacción frente al delito.

No defender personas por amistad. No atacar a los jueces por investigar. No convertir cada proceso judicial en una conspiración política. No esconder la basura debajo de la alfombra.

Quien robe debe responder. Así de sencillo.

Pero tampoco podemos permitir que un puñado de ambiciosos nublen el balance completo de un gobierno.

Combatir la corrupción exige firmeza, pero también honestidad intelectual.

Honestidad para reconocer los logros. Honestidad para aceptar los errores y honestidad para comprender que el verdadero cambio no consiste en creer que los corruptos desaparecerán por decreto, sino en construir una cultura donde una persona por ser honesta no sea tildada de ser pendejo, construir un Estado donde, por poderoso que sea el responsable, la justicia termine alcanzándolo.

Ese fue el compromiso con el que llegamos.

Y precisamente porque ese sigue siendo nuestro compromiso, estos hechos no nos invitan a cerrar filas alrededor de los implicados. Nos obligan a cerrar filas alrededor de los principios.

Porque un proyecto político pierde su razón de ser el día que decide proteger a los corruptos antes que defender los valores que le dieron origen.

El Pacto Histórico no puede seguir siendo laxo con las personas de dudosa reputación y para detectarlas urge la conformación del Comité de ética del partido. Es verdad que estamos en un estado de derecho y que en él la presunción de inocencia es un pilar fundamental pero hay hechos que hablan por sí solos y no olvidemos que hay poderosos capaces de comprar una absolución. Solo basta con recordar que como dice la nueva ministra de cultura, Pablo Escobar nunca fue condenado y que por ende, los bienes que “heredó” el padre de la ministra del monstruo aquel, son lícitos.